Supremo de Brasil exige a redes sociales tener representación legal en el país
En Punto y Coma Radio recopilamos los datos reportados sobre este hecho.
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EL NUEVO DIARIO, RÍO DE JANEIRO. – La Corte Suprema de Brasil estableció nuevas normas para las plataformas digitales que operan en el país, entre ellas la obligación de contar con una sede y un representante legal con facultades para responder ante las autoridades judiciales y administrativas brasileñas.
La decisión forma parte de la reglamentación de un fallo emitido en junio de 2025, mediante el cual el Supremo Tribunal Federal determinó que las redes sociales pueden ser responsabilizadas por contenidos ilícitos publicados por sus usuarios cuando no adopten medidas adecuadas para prevenir o retirar dichas publicaciones.
Al resolver los últimos recursos presentados por empresas tecnológicas, el máximo tribunal confirmó que compañías como Facebook, Instagram y X deberán garantizar una representación formal en Brasil, con capacidad para atender requerimientos oficiales, suministrar información sobre sus servicios y cumplir las resoluciones judiciales, además de asumir eventuales sanciones o multas.
Los magistrados otorgaron un plazo de 60 días para que las plataformas adapten sus sistemas y mecanismos internos a las nuevas exigencias. Entre ellas figura la implementación de medidas preventivas destinadas a limitar la difusión masiva de contenidos considerados ilícitos.
Las disposiciones contemplan la eliminación inmediata de publicaciones relacionadas con terrorismo, ataques al orden democrático, racismo, pornografía infantil, incitación al suicidio o a la automutilación, violencia contra las mujeres y otros delitos graves que afecten a niños y adolescentes.
Sin embargo, el tribunal aclaró que la responsabilidad de las plataformas no será automática. Esta dependerá de la comprobación de una “falla sistémica” en sus sistemas de prevención o remoción de contenidos, y no simplemente de la existencia aislada de una publicación ilegal.
Asimismo, se incorporó una salvaguarda propuesta por el presidente del Supremo, Edson Fachin, que permitirá a las empresas evitar sanciones si logran demostrar que existía una duda razonable sobre la ilegalidad del contenido cuestionado.
La nueva reglamentación también establece responsabilidad compartida en determinados casos, especialmente cuando las plataformas no actúen frente a cuentas falsas denunciadas o mecanismos utilizados para amplificar de forma artificial contenidos ilícitos.
Además, las empresas deberán desarrollar sistemas de autorregulación, habilitar canales de atención para usuarios y no usuarios, y divulgar informes periódicos de transparencia sobre denuncias, publicidad y promoción de contenidos.
Con la decisión adoptada este miércoles, el Supremo declaró concluido de manera definitiva el proceso, cerrando la posibilidad de nuevos recursos contra la sentencia.
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