Informe denuncia millonario despilfarro y graves fallas en el mayor centro de detención de migrantes de EE.UU.
En Punto y Coma Radio recopilamos los datos reportados sobre este hecho.
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AUSTIN, TEXAS. – El Gobierno de Estados Unidos habría malgastado millones de dólares en la operación del mayor centro de detención para migrantes del país, una instalación ubicada en Fort Bliss, Texas, que además abrió sin cumplir estándares básicos de seguridad, atención médica y trato humano, según un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO).
El reporte señala que la puesta en marcha apresurada del complejo conocido como Camp East Montana provocó pérdidas millonarias, fallas de supervisión y condiciones deficientes para los migrantes detenidos.
Un centro gigante levantado a toda prisa
El complejo, compuesto por enormes carpas con capacidad para unas 5.000 personas, fue habilitado tras una orden ejecutiva del presidente Donald Trump en enero de 2025 para ampliar de manera drástica la capacidad de detención migratoria. Desde entonces, la población promedio de detenidos en el país aumentó un 71 %, pasando de 39.314 a más de 67.000 personas.
Inicialmente, la administración del centro quedó en manos de Acquisition Logistics, una empresa sin experiencia previa en instalaciones de detención migratoria. Posteriormente, en marzo de 2026, el Gobierno transfirió la gestión a Amentum Services tras múltiples denuncias sobre el funcionamiento del lugar.
Millones pagados sin migrantes alojados
La investigación reveló que el Ejército estadounidense y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pagaron al menos 11,5 millones de dólares entre el 1 y el 15 de agosto de 2025 por alimentación, vigilancia, transporte y atención médica, aunque el centro todavía no albergaba migrantes.
Los pagos continuaron incluso cuando la cantidad de detenidos fue muy inferior a la prevista. Según la GAO, entre octubre de 2025 y marzo de 2026 ICE desembolsó unos 7,1 millones de dólares por comidas que nunca se necesitaron, debido a que se seguía facturando por una población de 5.000 detenidos cuando el centro albergaba alrededor de 1.600 personas.
El organismo concluyó que la falta de mecanismos para ajustar los costos al número real de detenidos podría generar pérdidas de “decenas de millones de dólares” en futuros contratos.
Graves fallas de salud y seguridad
El informe también documentó múltiples deficiencias operativas cuando el centro comenzó a recibir migrantes.
Entre los problemas detectados se encuentran:
- Ausencia de cámaras de seguridad en algunas áreas.
- Espacios recreativos insuficientes.
- Falta de áreas adecuadas para visitas familiares y reuniones con abogados.
- Acceso limitado a recursos legales.
En el ámbito médico, la GAO encontró casos especialmente preocupantes. Un migrante con tuberculosis fue alojado junto al resto de los detenidos y personas con enfermedades como diabetes o VIH no recibieron el tratamiento adecuado.
Además, el informe reportó la muerte de un detenido en enero de 2026 por asfixia, un caso clasificado como homicidio en la autopsia. La empresa administradora no entregó toda la documentación requerida sobre el uso de la fuerza y parte de las pruebas relacionadas con el incidente desaparecieron o fueron destruidas.
Ese mismo mes ocurrió también el suicidio de otro detenido que, según el informe, presentaba factores de riesgo conocidos pero fue alojado en una habitación que no cumplía con los requisitos de vigilancia para personas con riesgo de suicidio.
Condiciones insalubres y trato cuestionado
Los inspectores detectaron dormitorios con condiciones insalubres que se limpiaban semanalmente en lugar de diariamente. En algunos casos, los guardias ofrecían galletas a los detenidos a cambio de que limpiaran las áreas comunes.
La GAO advirtió que estos problemas “contribuyeron al desperdicio de recursos gubernamentales y a amenazas para la salud y la vida de los migrantes detenidos y del personal de la instalación”.
Reacciones políticas
La congresista demócrata Verónica Escobar, cuyo distrito incluye El Paso, calificó los hallazgos como “explosivos” y exigió el cierre inmediato del centro.
“Camp East Montana necesita ser clausurado, el contratista investigado y la destrucción de evidencia remitida a las autoridades”, afirmó Escobar en un comunicado.
El informe pone nuevamente bajo escrutinio la política de detención migratoria en Estados Unidos y el uso de recursos públicos en instalaciones operadas mediante contratos privados.
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