EE. UU. anuncia restricción de visas a más de 100 miembros del gobierno nicaragüense
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«Estados Unidos no pasará por alta la responsabilidad de la dictadura de Murillo-Ortega en la horrenda muerte del preso político Brooklyn Rivera», dijo Rubio en un comunicado, en alusión a los copresidentes del país, Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el poder desde 2007.
Brooklyn Rivera, líder del pueblo miskito y exparlamentario, murió el 31 de mayo a los 73 años en su poblado, tras pasar tres años en la cárcel, donde su salud se degradó irremediablemente, según reconoció el gobierno nicaragüense.
Rivera había sido detenido por la policía el 29 de septiembre de 2023 en su casa del poblado caribeño de Bilwi. Amnistía Internacional lo consideró un «preso de conciencia».
«El gobierno Trump tomó medidas decisivas para imponer restricciones adicionales de visado a más de 100 funcionarios de la dictadura ya sus familiares. Con este nuevo conjunto de restricciones, el gobierno de los Estados Unidos ha tomado medidas para imponer restricciones de visado a más de 2,350 funcionarios nicaragüenses ya sus familiares», explicó el secretario de Estado.
Washington no divulgó la lista de los afectados por esa restricción de visas.
El Departamento de Estado no está obligado por ley a difundir la identidad de los sancionados, recordó a la AFP una fuente oficial.
«Los visados son generalmente confidenciales de acuerdo a la ley estadounidense», añadió esa fuente, por correo electrónico.
Sin embargo, el comunicado de Rubio menciona a un alto cargo nicaragüense: Lumberto Campbell Hooker, que ya fue sancionado en noviembre de 2019 en calidad de presidente interino del Consejo Supremo Electoral.
Estados Unidos le impuso entonces restricciones financieras.
Hooker «participó directamente en la negación de atención médica a Brooklyn Rivera y le impidió a su familia enterrar sus restos», según el comunicado de prensa, sin decir claramente si ese miembro del gobierno nicaragüense forma parte de los sancionados.
Indignación internacional
Washington ha endurecido sus condiciones de visa de entrada para ciudadanos de varios países latinoamericanos a los que consideran hostiles o que no colaboran con su política de mano dura contra el crimen organizado, la migración ilegal o por presuntas violaciones de derechos humanos.
El Departamento de Estado anunció el 17 de abril restricciones de visado para 26 personas de la región, sin comunicar sus identidades.
En febrero se anunciaron sanciones contra el director de una cárcel de máxima seguridad nicaragüense, Roberto Clemente Guevara Gómez, por «grandes violaciones de los derechos humanos».
La muerte del líder miskito despertó indignación en la región y en organismos internacionales.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió una investigación «rápida, imparcial y transparente», y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la condenó esta semana.
El gobierno de Ortega y Murillo es uno de los países en la mira de Marco Rubio, en especial tras las masivas protestas de 2018, reprimidas por el gobierno.
«Estados Unidos está del lado del pueblo nicaragüense que, como Rivera, aspira a ver una Nicaragua libre», concluye el comunicado del secretario de Estado.
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